Aplicación de la Ley

Las disposiciones de la Ley 42-08 son aplicables a cualquier agente económico, sea persona física o jurídica, del sector público o privado, nacional o extranjero, que realice actividades económicas en la RD.

Además, la Ley se aplica también a:

• Acuerdos, actos o conductas —incluidos los derivados de una posición dominante— cuyo origen se encuentre en otro país y cuyos efectos afecten la industria local.
• Actos, contratos y condiciones administrativas que restrinjan la competencia.

Acuerdos, decisiones y prácticas contra la libre competencia

La Ley 42-08 prohíbe que los agentes económicos competidores realicen prácticas, actos, acuerdos o convenios cuyo objeto o efecto sea imponer barreras injustificadas en el mercado.

Entre las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos se incluyen:

• Fijar precios, descuentos, recargos u otras condiciones de venta, así como intercambiar información con ese mismo propósito.
• Actuar de forma concertada o coordinar ofertas o abstenerse de participar en licitaciones o concursos públicos.
• Dividir o asignar mercados de bienes y servicios por tiempo, espacio, proveedores o clientes.
• Limitar la producción, distribución o comercialización de bienes, o la prestación y/o frecuencia de servicios.
• Eliminar competidores del mercado o limitar su acceso, desde posiciones de compradores o vendedores.

Abuso de la posición dominante

El ejercicio de una posición dominante o monopólica en contra de la libre competencia está prohibido por la Ley 42-08.

Se consideran abusos de posición dominante las siguientes conductas:

• Subordinar una venta a la condición de que el comprador se abstenga de adquirir o distribuir productos o servicios de competidores.
• Imponer a proveedores precios u otras condiciones de venta a sus minoristas sin razones comerciales válidas.
• Sujetar la venta o transacción a la condición de no contratar bienes o servicios de terceros.
• Condicionar la venta de un bien o servicio a la adquisición de otro distinto del principal.

Corresponde a Pro-Competencia determinar en cada caso si existe una posición dominante que afecte un mercado específico.

Conductas desleales y anticompetitivas

La Ley 42-08 establece que constituye un acto desleal, ilícito y prohibido cualquier conducta en el ámbito comercial que atente contra la buena fe y la ética mercantil con el propósito de desviar ilegítimamente la demanda de los consumidores.

Entre los actos de conducta anticompetitiva se encuentran:

• Actos de engaño.
• Actos de confusión.
• Comparaciones indebidas.
• Actos de imitación.
• Violación de secretos empresariales.
• Actos de descrédito.

En caso de conductas anticompetitivas, la parte interesada o afectada puede presentar su reclamo directamente ante los tribunales competentes del domicilio del demandado, sin necesidad de agotar previamente el procedimiento administrativo ante Pro-Competencia.

Procedimiento administrativo bajo la Ley 42-08

Pro-Competencia es la única entidad competente para conocer de los reclamos y cuestiones derivadas de la aplicación de la Ley 42-08 y demás legislación en la materia.

• Cualquier denuncia debe hacerse por escrito ante Pro-Competencia, identificando al presunto responsable y describiendo la práctica o infracción denunciada.
• Dentro de un plazo de 30 días, Pro-Competencia decidirá si existen fundamentos para iniciar una investigación.
• Si se determina que hay mérito suficiente, se emitirá una resolución ordenando la apertura de investigación, la cual deberá notificarse a las partes en un plazo de 3 días.
• Las decisiones de Pro-Competencia están sujetas a recursos administrativos ante los Tribunales Contencioso-Administrativos.

Aviso: Esta publicación se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoría legal. Cualquier transacción relacionada con los aspectos aquí descritos deberá ser consultada previamente y específicamente con la Firma. Next